La “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Entre Ríos”, denunció que la madre de la niña de 11 años que se está embarazada y para la cual se solicitó un aborto no punible “está siendo intimidada, presionada y manipulada para que retire el pedido de la interrupción del embarazo, en un evidente abuso de poder por parte del juez, también de los médicos que intervienen con “pericias medicas” e informes sobre la supuesta viabilidad del embarazo en la niña de 11 años. Todo esto con sucesivas audiencias del magistrado a la niña, a la madre y al padrasto”.
“La abogada que representa a la madre de la niña ( María Susana Benítez) en forma telefónica el día 18 de enero, nos manifestó por cuanto a que las presiones recibidas estarían haciendo declinar la decisión de la madre de la solicitar ente la justicia el aborto terapéutico” para su hija, se expresó en un comunicado enviado por Lucy Grimalt.
Por tal motivo, reclamaron “públicamente que cesen todas las manipulaciones y violaciones a los derechos de la madre como responsable legal de la niña. Todas las autoridades intervinientes de todos los poderes del Estado saben que la madre tiene derecho a pedir la interrupción del embarazo (art 86 cp) sin necesidad de judicialización alguna, porque la niña de once años ha sido violada (art. 119 cp)”, señala la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Entre Ríos”.
Y continúan: “Esta burda, injusta, agraviante manipulación de los sentimientos de la madre para hacerla desistir del pedido original, es violatorio de todos los derechos humanos de la niña. El incumplimiento a lo establecido por las leyes citadas y las normas nacionales referidas en los protocolos de atención médica en casos de embarazos no punibles resulta ser el disparador de toda esta situación que ahora debe expedirse la justicia, porque como tantas otras veces, una vez más, el sistema sanitario público de Entre Ríos ha vulnerado un derecho judicializándolo”.
En ese sentido, exigen “a la Justicia entrerriana y en particular a los tribunales de la ciudad de Concordia que cumplan con la legislación vigente que garantizan el acceso al aborto no punible”.
Por ese motivo, reclaman al gobierno de Entre Ríos que “cumpla con lo que dice en el comunicado oficial del día 18 de enero” respecto a que “las decisiones a adoptarse con relación la solicitud de interrupción del embarazo no punible de la niña se encuentran enmarcadas penalmente en los artículos 86° y 119° del Código Penal vigente, la ley de salud sexual y reproductiva”.
Fuente: elonce.com
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